La ley del garrote: La responsabilidad es del otro

Aysén, Seguridad y Vigilancia — By on marzo 21, 2012 at 10:12

Por Marco Silva Cornejo

Los últimos acontecimientos observados en el marco de los procesos de organización y reivindicación social, política y ciudadana de Aysén, nos permiten constatar la emergencia del ADN represivo y criminalizante con que los gobiernos de derecha enfrentan la acción de la sociedad civil organizada.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado es la prueba más contundente de aquello. Es preciso recordar que esta ley (N° 12.927) fue publicada en el año 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. En su texto específico fue diseñada para conservar la paz social, mantener el orden público, y velar por la seguridad del Estado. Durante la dictadura de Pinochet, esta ley fue robustecida y se ampliaron las facultades de su uso y margen de aplicación. La Ley de seguridad Interior del Estado, contempla dentro de sus penas y/o sanciones, el presidio, la relegación o el extrañamiento.

Las imágenes televisivas de las últimas semanas, reeditan la memoria social ochentera, caracterizada por el despliegue de represión política en las poblaciones, casas agujereadas de balines, pobladores heridos y ese olor a neumático que cala fuerte en las vías respiratorias durante las mañanas post enfrentamientos.

El  gobierno de  Piñera ha desplegado con inusitada sordera, porfía y torpeza, la acción sobre diferentes expresiones de descontento e indignación con que la sociedad civil organizada ha respondido en el marco de los últimos dos años a la tensión histórica generada por la acumulación de injusticias, abusos, y ausencia de profundización en procesos de descentralización y democratización concretas en nuestro país.

La maduración de los procesos de organización social y política de los territorios, sumados a la emergencia de demandas locales y territoriales, explica esta creciente agitación. Los ciudadanos han entendido que la democracia es diversa y diferenciada. Pero la clase política en su conjunto no ha logrado comprender el salto cualitativo que ha experimentado el movimiento social, creyendo erradamente que las soluciones con sentido de “ofertón o liquidación” van a satisfacer las nuevas demandas sociales.

Frente a esta ciudadanía más crítica, que defiende y reclama democracia y diferenciación en la política pública, frente a esta ciudadanía que no compra  de manera ansiosa el último ofertón de gobierno, la respuesta del palacio es criminalizar y construir mediáticamente al otro (la sociedad civil movilizada) como un enemigo del desarrollo y la paz social.

La recomposición progresiva del tejido social organizado, ha favorecido la reproducción y acumulación de un capital social que ha logrado contagiar a diferentes actores y territorios (estudiantes, ecologistas, minorías activas, ayseninos, calameños). Las demandas sociales y ciudadanas, han llegado para quedarse y para disponer desde la acción de sus organizaciones de base, la movilización como forma de protesta y visibilización de las diferentes reivindicaciones que inundan el espacio de la melodía social contingente.

Entretanto, el gobierno ciego y sordo, no logra articular una respuesta política que le permita emerger desde la acción negociadora con el movimiento social, quedando solo y aislado en la reedición del garrote legal y policial, mientras apela ridículamente a la paz social y a la seguridad del Estado.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad de lo vivido (el garrote, la violencia, las tomas, las barricadas, la muerte) siempre es del otro (el estudiante, el aysenino, el encapuchado), existiendo nula autocrítica desde el gobierno y la clase política respecto del origen de los problemas, y la sucesión de eventos que nos instalaron en la presente contingencia.

Desde la lógica descrita, ese otro que protesta, que no va a la iglesia sólo a rezar, que se implica en ejercicios de solidaridad comunitaria, y que se organiza, es el responsable único y directo de fragilizar la paz social.

Lo descrito adquiere sentido en las lógicas del enemigo interno que impulsaron las brutales represiones de las dictaduras de América Latina sobre los militantes de izquierda en los años 70 y 80.

La acción  represiva y criminalizante con la que el gobierno ha optado por enfrentar los conflictos sociales, sólo favorece la generación de solidaridades colectivas, multiplica el descontento, y permite avanzar en experiencias de organización y unidad para trasformar más allá de las demandas locales.

La constatación de las prácticas con que la derecha, desde el gobierno, responde a la movilización social y a la sociedad civil organizada, denota un desprecio natural por la diferencia, una intolerancia endógena por la disidencia, y una práctica de carácter patronal y represiva en el ejercicio del poder.

El mal gobierno, incapaz de posibilitar el diálogo, y que desprecia las formas de organización de la ciudadanía (Ministro Alvarez, Diputado Monkeberg:  en relación  al “mito del asambleísmo”) y que levanta como argumento de primer orden la paz social de la nación, observa y criminaliza siempre a ese otro que reclama lo justo, a ese otro que no recoge las migajas. Es por esto que Aysén y su gente merecen todo el peso del garrote legal consagrado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Porque la dignidad y justicia de las demandas de su gente irrumpe como ruido molesto para la conservadora forma de entender la democracia del gobierno y la derecha, porque desde las lógicas de palacio los ayseninos son unos mal agradecidos, están influenciados por los comunistas, y son sin duda el enemigo interno, y a éstos, ya sabemos cómo los trata la derecha.

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*Mg en Ciencias Sociales Aplicadas, UFRO.

Fotografías

1. Ministerio de Salud
2. Notonidas
3.
4. A sales guy
5. Agencia Walsh

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