De la maternidad como “función pública” a la buenasamaritanez que exuda el campo de la “protección de la infancia”.

Breves, Infancia y Niñez, Sexo & Poder — By on noviembre 19, 2013 at 03:24

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Por Gabriela Barco

Sigo sin saber si es metodológicamente válido un salto como el que les propongo a continuación. Me lo permito deliberadamente y me disculpo desde ya de lo forzado de la escena, pero me parece interesante jugar con los contrastes que la revisión histórica nos permite, cada vez que cuestionamos el presente reactivando en él su carga de pasado. No tengo otra pretensión que abrir una discusión y para ello les propongo pensar algunos hilos conductores entre la creación de la maternidad como “función pública” y el campo de la “protección de la infancia” hoy en día. Presento aquí sólo un extracto, sin duda hay mucha más tela para cortar.

Sabemos que hacia principios de 1900, las tasas de mortalidad infantil pasaron a ser un indicador central para determinar los niveles de “desarrollo” o “progreso” de las naciones. Una vez que, como parte del proceso de secularización, los medios para captar la real dimensión de esas tasas se orientaron al registro de fuentes estadísticas que ya no serían el bautismo, los números con que los países americanos se encontraron no fueron alentadores. Su gran anhelo por unirse a los estándares de progreso de los países occidentales incentivó entonces una movilización masiva para tomar medidas reformadoras de esta realidad social.

Una característica central de este proceso fue la preocupación por la ilegitimidad infantil, dejando de relacionarse estrictamente con el cuestionamiento de las convenciones sociales y morales, para pasar a ser una cuestión de interés nacional: si las mayores causas de mortalidad infantil eran “ilegitimidad”, “pobreza” e “ignorancia”, las tres estaban interrelacionadas ya que los niños/as “ilegítimos/as” generalmente pertenecían a familias “pobres” e “ignorantes”.

Los primeros profesionales convocados fueron por supuesto los médicos, quienes, altamente influenciados por las propuestas del modelo pasteuriano, promoverían como primera medida una serie de programas de higienización de los hábitos de cuidado en las familias. La virtuosidad de las madres y el amor que ellas entregaran a sus hijos ya no era suficiente, ahora deberían entrenarse en técnicas de crianza, higiene y alimentación que promovieran un sano desarrollo de su prole. El mensaje que busca masificarse es que los problemas que aquejan a la infancia en América son científica y socialmente evitables y que la clave del éxito sería mantener controlado el ambiente que circunda a las familias.

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Sin poder discernir si el foco para la gestión técnico-política en construcción debería estar en la madre o en el hijo, la tensión se resolvió creando un nuevo operador, famoso en todo círculo político, médico y legal de la época que estuviera preocupado por las emergentes medidas de bienestar para la infancia o la familia: a ese operador se le llamó “díada madre-hijo”. Teniendo como horizonte ahora esa indisociabilidad, las primeras repercusiones se observan en las radicales redefiniciones para el estatuto de la maternidad, en tanto se la revaloriza como una “función pública”, posicionando a las mujeres como una pieza estratégica para el “proyecto de progreso nacional” y ligándolas indefectiblemente a la higiene social por vía de la maternidad. 

De todas formas, si bien a causa de esta consigna todas las mujeres se verán estratégicamente alineadas con el objetivo de disminuir las tasas de mortalidad infantil y, por tanto, estarán al servicio del progreso de las naciones americanas, la redefinición de su rol social no las afectará a todas por igual y, de acuerdo a su condición de clase y la lucha que en consecuencia reivindiquen por esos años, serán tomadas por el dispositivo según una doble ecuación: unas, aquellas madres de clase trabajadora que buscaban apoyo estatal para la crianza de sus hijos y reivindicaban la lucha de la mujer obrera en estricta relación con la protección de la infancia, serán objeto de las nuevas políticas sociales y receptoras de innovadora instrucción respecto de los cuidados infantiles; las otras, aquellas mujeres burguesas que venían demandando con cada vez más fuerza acceso a los espacios profesionales y políticos de exclusivo monopolio masculino, accederán a ser sujetos activos en la creación e implementación de estos nuevos programas.

En este sentido, redefiniendo la maternidad como una función social se concretaba un acto de “modernización” del rol de las mujeres que permitiría dibujar un nuevo escenario político, pero sin descentrarse radicalmente de los núcleos tradicionales: el lugar asignado para las mujeres continuaría siendo el ámbito privado, tanto para responder a su “función de madre” -ahora “madres educadas”, que cuidan eficientemente a las nuevas generaciones-, como para responder a su “función pública” –ser misioneras de un saber que versa sobre “lo privado”-. En este contexto, las mujeres tienen dos destinos posibles: madre/esposa o reformadora social.

Como es posible intuir, para el caso de las reformadoras sociales, sus posibilidades de acción se reducirán a puestos políticos y profesiones específicos; unas y otras, harían de la “díada madre-hijo” el objeto de su trabajo, “protegiendo” y “entrenando” respectivamente[1]. En el caso de la política, se argumentaba que las mujeres, al contrario del “egocentrismo” de la política masculina, inyectarían un “valor moral” al sistema, fortaleciendo el orden social gracias a su incansable defensa de la familia, la maternidad y la infancia. En el caso del desarrollo profesional, las disciplinas accesibles para las mujeres serían justamente formaciones dedicadas a los problemas sociales, que no se alejaran del rol útil de la mujer para la sociedad y que no descuidaran un comportamiento femenino adecuado.

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Promoción de Asistentes sociales. U de Concepción. Años 50′

Esto sobretodo porque, en un contexto ampliamente monopolizado por la hegemonía masculina, evidentemente, una de las pocas cartas a jugar por estas mujeres era la maternidad, en tanto elemento distintivo por excelencia: las mujeres habían sido criadas en una larga tradición de culto a la maternidad y entendían que ella les daba una cuota de autoridad que protegerían para delimitar un terreno exclusivo. La carga moral incrustada en la figura de la maternidad fortalecía el sentido de “deber” y “servicio” supuesto a los largos años de educación orientada a la posición de la mujer como “madre de familia”. De la maternidad (y por extensión, del género), se infiere la entrega incondicional: la palabra “altruismo” se pone de moda para describir la capacidad de las mujeres para entregarse a la causa de otros y las nuevas “reformadoras sociales” se institucionalizan como las operadoras ideales para guiar una distribución armónica entre los intereses personales, familiares y sociales.

Entonces una cuestión: ¿qué queda de ese altruismo a un siglo de la escena? Abro la pregunta porque si bien hoy día este campo no es una cuestión exclusivamente femenina –y lo digo a pesar de ser mujer y pertenecer a dos equipos de investigación sobre sistemas locales de protección de infancia en los cuales somos todas mujeres las que participan-, percibo con bastante decepción que el “deber” y el “servicio” siguen siendo ampliamente calificativos que se le suponen a nuestro campo de acción.

Sin posibilidades aquí de evaluar las tensiones históricas de esta trayectoria, quizás esta pregunta nos permite al menos abrir la hipótesis de que la forma en que las mujeres lograron acceder a ciertos espacios de hegemonía masculina apelando al “altruismo” casi como una cualidad “intrínseca” y “natural” de las mujeres, inevitablemente dejó una marca para los/as que continuaron su camino. En ese caso, podríamos decir que incluso ya pasada bastante agua bajo el puente, el campo de la protección de la infancia no ha logrado deshacerse de esa imagen de la buenasamaritanez.

Esta reflexión, casi “salto-ficción”, aparece absolutamente a propósito de mi experiencia personal: me sucede más de lo que quisiera que al mencionar en circuitos académicos o institucionales que mi tema de investigación es la “protección de la infancia”, recibo a cambio suspiros y sonrisas conmovidas por mi “vocación de servicio”, mezcla de hermana de la caridad e intelectual altruista. Y esto ocurre tanto en un nivel imaginario de opiniones casi de displicencia de parte de políticos o académicos que tratan cuestiones que ellos suponen “más relevantes” o “más sesudas” o “más serias”, como del lado de quienes trabajan desde lo que en nuestros días llamamos una “perspectiva integral de derechos de infancia y adolescencia”.

De ahí la preocupación: creo que esa unánime chapa de “buenasamaritanez” no tiene más que consecuencias negativas para nuestro trabajo en tanto mantener la pregunta por la infancia (y la familia) en el campo de lo privado y la moral nos arrebata la posibilidad de problematizar su condición más lejos de la caridad y más cerca de la cuestión social.

Es como si “la cuestión de los derechos de infancia” no lograra destrabarse de su imagen bonachona, exacerbando la dificultad de algunos/as para comprender que la pregunta por la “protección de la infancia” no transita entre los actos desinteresados ni entre las “buenas acciones del día” sino en un campo político imposible de concebir fuera de sus enclaves socio-económicos.

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En efecto, sin ir más lejos de este ejemplo que propongo como inaugural, podemos afirmar que el problema de la “protección de la infancia” se ha construido en base a la tensión de una serie de luchas de poder propias a un campo de saber/poder constituido por diversos grupos que históricamente han ido encontrando en ella un objeto privilegiado de intervención donde asentar su capital simbólico de reconocimiento.

En ese sentido, creo que el interés de los/as representantes de esos grupos “a cargo” de la experiencia infantil por resguardar una determinada posición institucional no es el único motor de sus acciones, sino que muchas veces ellos/as están determinados/as por sus pertenencias a múltiples espacios de poder y que, por tanto, persiguen sus propios intereses, sin actuar necesariamente según principios económicos, políticos o morales. En esa línea, podríamos sostener que muchas de las reformas sociales que emanan de estas disputas no han sido inicialmente un acto desinteresado del humanitarismo centrado en la niñez, sino más bien lisos y llanos intentos por consolidarse en posiciones hegemónicas –científicas, políticas o tecnocráticas-.

Es en esta lógica que insisto en que nuestra práctica no puede jugarse en la Convención de los Derechos del Niño y su aplicabilidad, sino que debe más bien hacerse un ejercicio constante de desnaturalización que apunte a (re)evaluar en cada escenario las condiciones particulares de producción de los saberes que dotan de sentido a la “protección de la infancia” como objeto de interés.

Ésta es una posible vía para recordar que toda práctica de legitimación del conocimiento no se establece “de una vez y para siempre” sino que remite, una y otra vez, a la coyuntura que la produce y al contexto que la actualiza. Paralelamente, es una vía para radicalizar la lucha por reposicionar la pregunta por las relaciones infancia-familia-Estado en un estatuto que salga del de las buenas intenciones, del de la naturalización paradójica y nefasta que hace de la infancia una “innegable buena causa”, sin politizar sus coyunturas. Me parece que sólo mediante un incesante cuestionamiento que politice estos intercambios será posible entender hasta qué punto las economías de poder participan de la modulación de este campo de saber y con ello participan de la construcción de sentidos en torno a la infancia con beneficios, por decirlo así, unilaterales.


[1] Esto podría introducir otro debate ya que la protección y los cuidados de la infancia y la familia fueron finalmente uno de los escasos espacios en que las mujeres por esos años pudieron establecer un rol específico y una fuente de legitimación en el esquema del cambio social. En esta lógica, hay quienes dicen que la “protección de la infancia” aparece como un campo de saber “ad-hoc” para las mujeres (yo no dejo de tentarme con la idea). De cualquier forma, si el lugar tradicional de la mujer como cuidadora y protectora social había ganado una nueva relevancia, sería sólo estando al servicio de la nación y en espacios habilitados estratégicamente por la hegemonía masculina. La libertad individual de la mujer se vería siempre subsumida al servicio social y la definición de libertad se mediría en términos de su utilidad para la familia y la sociedad.

 

 

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