Araucanía: cuando la militarización del territorio es entendida como respuesta política.

Breves, Seguridad y Vigilancia — By on abril 10, 2012 at 02:48

Por Marco Silva Cornejo

Resulta sorprendente la respuesta hilarante e histriónica con que el gobierno responde frente a la muerte de un sargento del GOPE (Hugo Albornoz) en el territorio de la Araucanía. El viaje presuroso del Ministro del Interior a la novena región, contrasta con el silencio y la ausencia de movilidad política y comunicacional del Gobierno frente a la muerte de los tres comuneros en el mismo territorio durante los últimos 5 años (Matías Catrileo, Alex Lemun, Jaime Mendoza).

Es preciso recordar que la muerte de estos comuneros fue bajo las balas de la fuerza policial instalada en el territorio, por orden del Ministerio del Interior.

Desde hace algún tiempo hemos venido observando cómo se ha instalado la representación de la Araucanía como un “territorio en conflicto”. Frente a esta representación promovida por el Estado Chileno y reforzada por sus dispositivos de reproducción y comunicación, el gobierno ha respondido con militarización de los territorios (Arauco Malleco).

La estrategia descrita, ha implicado una suerte de copamiento territorial, en donde no han sido escasas las denuncias de violencia policial, apremios ilegítimos, violencia desmedida y el sometimiento de estas comunidades al asedio constante de los aparatos represivos y de inteligencia.

Las comunidades Mapuche de Arauco Malleco, no sólo han tenido que lidiar con la violencia estructural que genera la explosión y la pobreza, sino que también han debido tolerar la violencia constante del asedio institucional frente a su organización y respuesta territorial.

El actuar con que el gobierno y sus dispositivos de control (policías) han intentado contener las demandas del pueblo mapuche, han redundado en una espiral de violencia, en donde finalmente, siempre los violentistas son retratados como las víctimas.

Esto se suma al clima de violencia y guerra instalado por el Estado en el territorio y las comunidades Mapuche, y la sensación de impunidad frente a los crímenes cometidos por carabineros en el marco del proceso de militarización del territorio.

Durante el mes de Enero, los tribunales de justicia dejaron con libertad vigilada a Walter Ramírez, el policía que asesinó por la espalda al estudiante Mapuche Matías Catrileo. En esa oportunidad planteamos, desde esta tribuna de observación que:

“Más allá de los argumentos legales, la señal política que da el tribunal de Temuco al pueblo mapuche es clara y contundente: el asesinato de sus jóvenes y luchadores sociales y territoriales a manos de agentes del Estado chileno, no será sancionado con el máximo rigor de la ley. Visto desde la óptica represiva, esta señal jurídica, envía un mensaje a las fuerzas represivas que el Estado chileno manda a las comunidades en conflicto, en el sentido de sugerir que el disparar por la espalda a mapuches en situación de conflicto no constituye riesgo de cárcel objetivo para los uniformados.

Lo que no visibiliza el aparato judicial ni el ejecutivo del Estado chileno frente a estas acciones que dejan un sabor de impunidad repulsivo y desagradable, es que además de constituirse en vergonzosas evidencias frente a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, estas señales de impunidad percutadas en la nuca de los sobrevivientes y de los nuevos weichafes, legitiman el uso de la acción política desde las comunidades y organizaciones mapuche como respuesta a la incapacidad de nuestro sistema de dar justicia y tranquilidad a los deudos.” (laPala, enero 2012).

Estas lógicas de guerra impuestas en el territorio donde viven y se desarrollan

las comunidades mapuche de Arauco/Malleco, han generado una dialéctica de la violencia, que ha favorecido la articulación de una respuesta orgánica y de autodefensa de los sectores más radicalizados al interior de estas comunidades.

Paralelamente, observamos cómo carabineros es el instrumento de una estrategia represiva impulsada por el gobierno, quien no trepida esfuerzos en enviar efectivos a los allanamientos, sabiendo que el clima de tensión crece, y la rabia se acumula en todos los actores. Sorprende la ausencia de una respuesta política que releve el dialogo y la construcción de acuerdos con las comunidades en conflicto. En su defecto, se observa la instalación de una fuerza pública militarizada, que no sabe muy bien lo que hace ahí, y que seguramente siente miedo, reprimiendo por orden de su oficialidad, la que a su vez es mandatada desde algún teléfono de palacio.

Desde esta perspectiva, el problema que el Ministerio del Interior pretende construir frente a la opinión pública como “policial y criminal”, es en realidad “político y social”, y está referido a la autonomía territorial y a la relación con que el Estado se ha vinculado históricamente con el pueblo Mapuche. Una relación caracterizada por el maltrato, la violencia y la invisibilizacion de las demandas del otro.

Se evidencia una imposibilidad de sintonía empática centenaria en la relación con el pueblo Mapuche, que cuando se tensiona hasta el estallido social, es neutralizada con violencia.

Mientras la acción política del Estado de Chile no sintonice con dichos sentidos y complejidades y no articule una respuesta pertinente, sin criminalizar y militarizar a los actores involucrados, la tensión en el territorio seguirá representando mucho dolor para todos los implicados en él, particularmente para los miembros de las comunidades que ahora verán caer todo el rigor del estado/policial sobre sus casas, bajo el formato de tanquetas, helicópteros, fuerzas especiales y allanamientos.

Es hora de abordar el fenómeno desde una perspectiva que desinstale la violencia en el territorio de la Araucanía, y en eso sin duda los actores institucionales y sociales, tienen un rol y una responsabilidad central, el resto será sólo crónica de una tragedia anunciada.

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* Magister en Ciencias Sociales Aplicadas UFRO

Fotografías

1. País Mapuche 2. EMOL 3. Un senador 4. Radio Minka 5. País Mapuche

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