A propósito del aborto: La distancia entre Chile y Uruguay es mayor a 1.340 kms.

Breves, Seguridad y Vigilancia, Sexo & Poder — By on diciembre 3, 2012 at 13:27

Por Salinger

Hace algunos días el Senado de Uruguay aprobó la Ley de Salud Reproductiva y Sexual, la cual despenaliza el aborto. Pero ojo. No lo legaliza, sino que lo despenaliza bajo ciertas condiciones y siempre que se realice en centros de salud y bajo supervisión del Estado. Cualquier aborto practicado fuera de este procedimiento sigue siendo ilegal, y por lo tanto penalizado. Con eso claro, la ley dice que una mujer puede interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas si cumple con ciertos requisitos. En principio, si una mujer decide proceder con un aborto, el médico tratante deberá disponer una consulta con un equipo integrado por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que deberán informar a la mujer sobre las características de la interrupción del embarazo y los riesgos asociados a esta práctica, además de las alternativas al aborto y los programas disponibles de apoyo social y económico, o la posibilidad de dar a su hijo en adopción.

Otro de los aspectos de esta ley es que autoriza el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea producto de una violación, en cuyo caso, se puede abortar dentro de las 14 semanas de gestación.

Por otra parte, la decisión corresponde exclusivamente a la mujer. El padre sólo puede participar de la decisión en caso que la mujer lo autorice, pero no puede forzarla a interrumpir su embarazo o, en caso contrario, a continuarlo. Es decir, la Ley y por lo tanto el Estado uruguayo, reconoce a las mujeres como sujeto ético no tutelable.

Pero mujeres chilenas tranquilas: sólo podrán realizarse abortos las ciudadanas uruguayas naturales o legales, o las extranjeras que acrediten su residencia habitual en Uruguay durante un período superior a un año. Las extranjeras tendrán vedado este derecho. Esto es para evitar que Uruguay se convierta en un país de turismo del aborto.

En principio éste era un ejercicio para ver qué sucede en Chile al respecto, pero voy a desistir de esa pretensión puesto que no es posible comparar el caso chileno con el uruguayo, porque hay cuestiones éticas fundamentales que están en los cimientos de la Ley uruguaya, de las que carecemos en la legislación chilena. Por lo tanto, a partir de ahí, toda posible comparación es inútil. Sólo puntualizaré  3 cuestiones importantes a considerar de la experiencia uruguaya, pero advierto que en su obviedad está oculto, a mí parecer, el problema del caso chileno.

La primera cuestión importante es que el Estado uruguayo garantiza la atención y facilita los medios en caso de que alguna mujer decida abortar. La segunda es que la decisión corresponde a la mujer: son ellas las que deciden por su cuerpo.

Estas consideraciones son capciosas. Claro, ahora están garantizadas por la ley, pero en su fundamento se revela la intención de hacerse cargo sobre una problemática social que no escapa del modo de producción. Es decir, el Estado se saca la venda de los ojos y reconoce que, aunque estaba prohibido, el aborto era igualmente practicado. Y en base a eso, iguala las condiciones (labor fundamental de un “Estado de Derecho”, como algunos gustan decir), y le da la oportunidad a mujeres que por no poseer los recursos, debían hacerse abortos en pésimas condiciones, al contrario de sus pares que sí los poseían y podían ingresar a centros privados que garantizaban discreción y las máximas condiciones de seguridad y salubridad. En definitiva, denuncia la práctica clandestina que hace visible las diferencias de clase. A esto hay que agregar, fundamentalmente en el caso de la segunda consideración, el reconocimiento por parte del Estado uruguayo de la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Este hecho por sí sólo nos deja a una distancia sideral, lo que hace vergonzoso analizar “el caso chileno”.

La tercera consideración dice relación con la calidad y responsabilidad de los legisladores uruguayos. Porque la Iglesia Católica reclamó desde antes que se promulgara la Ley, y ante tamaña amenaza, y en cualquier país donde la Iglesia tiene un poder inconmensurable capaz de proteger pedófilos, por ejemplo, atacó con todo: amenazó con excomulgar a aquellos legisladores que votaran a favor de la Ley. Pero, cosa rara, muchos legisladores que dijeron ser católicos votaron a favor de la Ley puesto que ésta es una ley de hombres y no de Dios…

Mientras tanto en Chile, Ena Von Baer (senadora designada) prefiere votar de acuerdo a sus propios valores y a las convicciones de aquéllos a los que representa (que no son, por cierto, a quienes debiese representar). Pero desde que el Estado se separó de la Iglesia en 1925, su pega es legislar, no moralizar. O me pregunto ¿si acaso creerá que las niñas católicas (no necesariamente las ABC1) no se practican abortos? Si quiere moralizar, quizás como muchos otros que comparten su opinión, se equivocó de pega.

¿O será que en realidad la Iglesia nunca se separó del Estado y ésa es una ficción que el ciudadano común aún cree, y es ella (Ena), en su calidad de agente eclesiástica encubierta, la que está en lo cierto? Si es así y si le gusta predicar con el ejemplo, me pregunto si acaso también siguiendo sus valores, Ena tendrá relaciones sexuales sólo para procrear. O habrá llegado virgen al matrimonio. O no robará. En un mundo ideal, dependiendo de la respuesta, quedaría desacreditado su argumento, y por tanto, su labor.

Pero si fue ella la que destapó esa olla, habría que revolver esa sopa. Quizás así avancemos un poco hacía el ejemplo uruguayo.

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1 comentario

  1. Natalia Contreras Figueroa dice:

    Gracias por la info, estamos muy lejos aún de que nos respten al 100, pero esto ya es una lucha. Gracias por compartir y visivilizar

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